Familiaris
consortio: planificación familiar, esterilización y otras
«usurpaciones intolerables»
Prof. Louis Aldrich - Taiwan
En Familaris consortio (46),
el Papa Juan Pablo II, afirma, antes de esbozar una carta de los derechos de la
familia, «que la Iglesia defiende abierta y enérgicamente los derechos de la
familia contra las usurpaciones intolerables de la sociedad y el Estado».
¿Cuáles son las causas de esas usurpaciones o abusos intolerables? La familia
es «la célula básica de la sociedad y el sujeto de derechos y deberes antes del
Estado o de toda otra comunidad» y, en lugar de ser sostenida positivamente por
la sociedad o el Estado, se «ha vuelto una víctima de la sociedad». Constata
que «las instituciones y las leyes ignoran injustamente los derechos
inviolables de la familia y los seres humanos», y llega a sufiri un « ataque
violento de sus valores y exigencias fundamentales». Entre las más claras
expresiones de esos ataques injustos y violentos a la familia se cuentan la
legalización, promoción e imposición por parte del Estado de tres pilares de
los programas de planificación familiar anti-familiar, o sea, el control de la
población: el aborto, la esterilización y la anticoncepción.
La premisa tácita falsa del
movimiento de planificación familiar es que el exceso de niños en la familia y
el crecimiento de la población en los países (o el mundo) son la causa de la
miseria y la pobreza de las familias y las naciones. Aunque la falsedad de esta
posición maltusiana haya sido demostrada en distintas ocasiones por los hechos,
la mentalidad planificadora, cuyo ejemplo es la International Planned
Parenthood (Paternidad planificada internacional), sigue promoviendo e
imponiendo enérgica y, como dice el papa, violentamente su visión falsa.
Gracias a una propaganda persistente y bien financiada, los grupos de
planificación familiar internacional y de control de la población han logrado
imponer ampliamente esa visión falsa del mundo. Al reducir el crecimiento de la
población, aun con medios objetivamente inmorales, en lugar de resolver los
problemas reales de la injusticia, la educación, las teorías erróneas sobre el
desarrollo económico, la corrupción, etc., que provocan la pobreza de las
familias o las naciones, descargan una situación intolerable sobre las familias
contemporáneas.
El primer nivel en que se percibe
esa usurpación intolerable es el de la ley. La legalización de la
anticoncepción y la esterilización ha sido un ataque violento contra las
exigencias y los valores fundamentales de la familia. No sería tan distinto a
que, por ejemplo, se legalizara el robo, pues, en ese caso, sería patente el
ataque directo a las exigencias de la vida económica. Aunque muchos ciudadanos
rechazaran el recurso a la anticoncepción o la esterilización (o el robo), la ley
se ha convertido en un maestro del mal moral que incrementa las ocasiones o las
tentaciones de pecar. Por otra parte, aunque el primer propósito de la
anitconcepción y la esterilización sea el de reducir los abortos y el divorcio
(y así proteger la vida humana y la familia), el resultado efectivo ha sido un
aumento espectacular del número de abortos y divorcios en los países que han
legalizado la anticoncepción.
El nivel siguiente de esta
usurpación intolerable se percibe en la promoción: la anticoncepción y la
esterilización (eventualmente, con la ayuda del aborto) no sólo se convierten
en elecciones factibles para las familias, sino que se promocionan como las
mejores elecciones posibles, hasta necesarias, para el bien común del Estado.
En todos los sitios en que ha arraigado dicha promoción positiva, se multiplica
la pesadilla de la promiscuidad sexual, la falta de respeto hacia las mujeres y
la ruptura de las familias, ya anticipadas por el Papa Pablo VI en Humanae
Vitae como también la aparición de una cultura de muerte, descrita por Juan
Pablo II en Evangelium vitae.
Por último, vemos ejemplos, como el
aborto en China, la esterilización en Perú e India, en los que el Estado ha
atacado directa y violentamente a la familia obligando a las mujeres a abortar
o a ser esterilizadas. De todos modos, esa usurpación final de los derechos de
la familia es sólo la extensión lógica de las premisas utilitarias de la
planificación familiar o control de la población: el crecimiento de la
población sería el mayor peligro para el Estado y, si la esterilización o el
aborto no son considerados males en sí mismos, las mujeres pueden ser obligadas
a abortar o ser esterilizadas por el bien común, así como los portadores de
SARS pueden ser obligados a aceptar una cuarentena por el bien común. Y esto
nos lleva al punto de partida y nos hace comprender por qué, antes de enumerar
los derechos de la familia, el Papa hable de usurpaciones intolerables; porque
si no se comprenden claramente la verdadera naturaleza, dignidad y valor de la
vida humana y de la familia y de sus derechos absolutamente inviolables, todo
otro derecho familiar está en serio peligro.