La
exigencia que el Estado promueva la familia
Prof. Julian Porteous, Sydney
Aquí en Australia, en varios juicios
recientes ante tribunales federales, los jueces han dictaminado que el hecho de
limitar la inseminación artificial y la fertilización in vitro a las
parejas casadas o aun las parejas homosexuales estables («casadas de facto»),
es discriminatorio, lo cula implica que se considera discriminatorio conceder a
las parejas casadas cualquier reconocimiento legal o ventajas que no se
concedan también a otros tipos de uniones. Los adultos pueden tener un «derecho
a tener niños» legal o, por lo menos, a recurrir a tecnologías procreativas,
aunque los niños no tengan «derecho a un padre».
¿Qué podemos esperar del Estado?
Santo Tomás de Aquino pensaba que el gobierno era una vocación por la que
algunos recibían los medios y la autoridad para dirigir su comunidad para que
todos tuvieran seguridad y fueran sanos y virtuosos. Nuestros gobernantes
tendrían que desafiarnos, incitarnos, censurarnos y recompensarnos para que
vivamos en paz y armonía, florezcamos según la dignidad humana y nos
encaminemos a ser santos como Dios quiere que lo seamos. Su autoridad está
limitada, entre otras cosas, por su deber de reconocer que las personas y las
familias, como células básicas de la sociedad y razón de ser de su existencia,
tienen una prioridad moral y que la ley natural (de la que son elementos
fundamentales el matrimonio y la familia) debe motivar todas las leyes y la
política.
¿Pueden hoy asumir los gobiernos ese
papel? En distintos documentos, que abarcan Gaudium et spes, del
Vaticano II, las numerosas encíclicas papales, los documentos de Juan Pablo II,
como Familiaris consortio y Evangelium vitae, la Carta de los
derechos de la familia de la Santa Sede y los documentos de la Congregación
de la Doctrina de la Fe, como Donum vitae, la Nota doctrinal sobre la
participación política de los católicos y las recientes Consideraciones
sobre el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, la Iglesia ha
desarrollado una enseñanza sobre el papel del Estado a favor del matrimonio y
la familia.
La Iglesia está convencida de que:
X la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y el orden
divino y están ordenadas al bien común;
X el poder político debe ser ejercido siempre dentro de esos
límites;
X el bienestar de los individuos y las sociedades está vinculado
íntimamente a la salud de los matrimonios y las familias;
X el Estado debería reconocer, proteger y
favorecer el matrimonio verdadero y la vida familiar;
X el Estado debería apoyar una cultura y una
moral pública que promuevan dicha vida familiar;
X las leyes del Estado deberían apoyar la
unidad y continuidad de los matrimonios y las familias, no su destrucción;
X el Estado tendría que promover las
actividades legítimas y constructivas por parte de las familias y a favor de
ellas, y no obstaculizar su desarrollo;
X el Estado debería reconocer derechos auténticos como: el derecho
de las parejas casadas a la intimidad debida a su condición y necesaria para
procrear y educar responsablemente a sus hijos en el seno de la familia; el
derecho de los niños de tener relaciones sanas con sus padres y recibir
protección si éstas son imposibles; el derecho de las familias a las
oportunidades económicas y culturales necesarias para el florecimiento de la
familia, como la libertad de asociación y confesión religiosa, una vivienda
adecuada y la seguridad física, social, política y económica;
X el Estado no debería reconocer derechos
falsos como el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, al
reconocimiento legal de las relaciones no conyugales como si se tratara de
matrimonios o a tener hijos creados artificialmente.
La Iglesia apela a la autoridad de
los gobiernos para que reconozcan que la promoción de la familia tiene
importancia decisiva para la salud y el bienestar futuros de la sociedad en su
conjunto.